La razón de ser del Plan General de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia es superar el estado de insuficiente implantación en el que se encuentra el euskera en el ámbito de la Justicia, así como garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir los servicios de la Administración de Justicia en la lengua elegida por ellos.

Para ello, el plan ha fijado cinco objetivos principales:

1.- Incrementar y difundir la importancia que se confiere al euskera.

2.- Estimular el uso de servicios en euskera por parte de la ciudadanía y de los profesionales, incidiendo en la intensificación de la oferta.

3.- Incidir en la implicación del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la utilización del euskera.

4.- Procurar una actitud favorable de jueces, fiscales y secretarios judiciales en relación a la normalización del euskera.

5.- Sensibilización y capacitación de abogados.

XI Legislatura

Cada uno de los objetivos citados incluye una serie de líneas estratégicas (25 en total), que, a su vez, abarcan un conjunto de actuaciones concretas (63 en total), distribuidas a lo largo del período de planificación de diez años.

Con el objeto de implementar el Plan y llevar a cabo las actuaciones previstas en él, el Departamento dispone de un Servicio de Normalización Lingüística, con los ámbitos de actuación siguientes:

a)      Formación y dinamización. A través de acciones relativas a la capacitación lingüística, tanto de jueces, fiscales y secretarios judiciales como del personal al servicio de la Administración de Justicia.

b)      Recursos informáticos y documentales.  La actividad se centra en la normalización de todos los documentos que se utilizan en las oficinas judiciales, así como garantizar su uso. Se incluye el proyecto específico denominado “Auzia Euskaraz”, que abarca una gran cantidad de acciones incluídas en el plan de normalización. La razón de ser de dicho proyecto es hacer posible que un procedimiento judicial pueda ser desarrollado en euskera desde su fase inicial hasta su resolución, con la implicación de todos los agentes judiciales.

El Plan tiene un duración de 10 años, dividido en dos períodos de 5 años. Muchas de las acciones concretas recogidas en el plan tienen un plazo con referencia concreta a alguno de los primeros años; otros, en cambio, dado lo dilatado del período de planificación, tienen una referencia indefinida a lo largo de los años comprendidos en el período 2012-2020.

En otros casos, como es el de la adjudicación de los perfiles lingüísticos, se han tomado como referencia básica los dos períodos de planificación, de manera que dichas adjudicaciones tienen tres referencias posibles: 2010, 2015 o 2020.