- Las instituciones confirman la ampliación de las ayudas locales necesarias para extender las bonificaciones del 50% durante el primer semestre de 2025 tal y como plantea la normativa del Gobierno central aprobada en el Consejo de Ministros de este lunes
- Las personas con menores desde los 6 hasta los 12 años podrán acercarse a partir del 7 de enero a las oficinas de atención a la ciudadanía de Bat, Barik y Mugi para solicitar las tarjetas personalizadas necesarias para acceder a la gratuidad, que se implantará por territorios entre finales de enero y principios de febrero
La Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) ha celebrado este lunes una reunión extraordinaria de su pleno para analizar el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Ministros que prorroga durante seis meses las bonificaciones del 50% en el transporte público, y estudiar la implantación en Euskadi de la gratuidad en menores hasta cumplir los 12 años propuesta por la presidenta de la ATE y consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, en el pleno anterior.
En lo que respecta a las bonificaciones del 50% en el transporte público para la población general, las instituciones han acordado mantener el apoyo económico para sostener los descuentos. La normativa estatal establece que el Gobierno central asume un 30% del coste del descuento, una ayuda condicionada a que el resto de administraciones locales se hagan cargo del 20% restante. En Euskadi, el Gobierno vasco ha afrontado hasta la fecha el 10% y las administraciones y los operadores provinciales o municipales el 10% adicional.
En este sentido, la consejera de Movilidad Sostenible ha confirmado el mantenimiento de la ayuda del Ejecutivo vasco –que, hasta la fecha, desde el inicio de los descuentos en septiembre de 2022, ha apoyado a todas las administraciones locales con 41,7 millones de euros- y el resto de instituciones y operadores han comunicado que harán lo propio. Los servicios de Cercanías de Renfe, cuya gestión en Euskadi pasará a manos del Gobierno vasco el próximo 1 de enero, mantendrán la gratuidad como hasta ahora.
En materia de gratuidad para menores hasta cumplir los 12 años –en la actualidad se mantiene hasta cumplir 6, salvo en el operador de Vitoria-Gasteiz Tuvisa, que ya dispone de dicha gratuidad hasta los 12 años- García Chueca ha defendido la necesidad de implementar la medida como una actuación que alivia a las economías familiares y que impulsa a que las nuevas generaciones tengan el hábito de la movilidad sostenible. Asimismo, ha recordado el mandato del Parlamento vasco, que aprobó en octubre de 2022 una resolución que abogaba por esta medida.
Los principales operadores se han mostrado partidarios de implementar finalmente esta ampliación de derechos y la llevarán en los próximos días ante sus correspondientes órganos decisorios -Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y Autoridad de la Movilidad de Álava (AMA)- para poder implementarla progresivamente por territorios entre las primeras semanas de enero y principios de febrero de 2025. Alrededor de 130.400 niñas y niños de toda Euskadi podrán acceder a esta medida, en torno a 22.000 en Álava, 65.000 en Bizkaia y 43.300 en Gipuzkoa, según datos del Eustat.
Para disfrutar de la gratuidad, los y las menores deberán disponer de una tarjeta personalizada con la que validarán sus viajes a coste cero desde el momento en que se implante la medida en su territorio histórico. Por ello, a partir del 7 de enero, todas las personas con menores a cargo entre los 6 años cumplidos y hasta cumplir los 12 años podrán acudir a las oficinas de atención para solicitar la creación de la tarjeta personalizada. Los y las menores que en la actualidad dispongan de tarjeta no tendrán que realizar ningún trámite.
García Chueca ha valorado “la disposición de las instituciones y de los operadores del transporte público de Euskadi al aceptar la propuesta que les hemos realizado para ampliar los derechos en materia de movilidad sostenible” y ha defendido que es “un paso más en el reto contra el cambio climático, así como una medida de justicia social y de alivio a la economía de las familias”.
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