• Certificado de inscripción en el Registro Mercantil, en caso de tratarse de una persona jurídica regulada por la Ley de Sociedades de Capital; en caso de tratarse de personas jurídicas acogidas a otra legislación, documento que, conforme a la legislación reguladora específica, acredite la personalidad jurídica de la entidad solicitante.
• Una memoria que contenga:
• Modelo de memoria (Anexo III)
• Declaración responsable en la que se manifieste que no está incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones. Asimismo, se recogerá el manifiesto de no incurrir en deslocalización empresarial en los términos del artículo 49 de la citada ley para el supuesto de que resulte beneficiaria. Por último, de conformidad con el artículo 9.5 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, también se recogerá la indicación de que la persona solicitante manifiesta reunir los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
• Declaración jurada para el cumplimiento del artículo 13.3.bis de la Ley General de Subvenciones (sólo para subvenciones mayores a 30.000 euros)
• Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes, un documento firmado por todas las personas integrantes en el que se nombre representante o apoderada única de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación, y se designe un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de los miembros de la agrupación.
• Respecto a los proyectos piloto, declaración responsable relativa a otras ayudas de minimis recibidas o solicitadas, ya sea para el mismo proyecto objeto de la presente solicitud o para cualquier otro, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, especificando, en caso afirmativo, su origen, su cuantía y destino.
• Y cualquier otra documentación complementaria que la entidad solicitante desee aportar al efecto de cuantificar la ayuda.

Oficinas de Asistencia en Materia de Registro

Son las oficinas del Gobierno Vasco para informar, para tramitar con ayuda y para registrar documentación (artículos 101 y 102 del Decreto 91/2023, de 20 de junio, de atención integral y multicanal a la ciudadanía y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos).

Otros lugares de presentación

En cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• De la persona solicitante:

  Información detallada

  1. Que la persona física o jurídica privada no tenga la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01) tal y como se recoge en la Orden 13 de febrero de 2023 del Consejero de Economía y Hacienda.

  2. No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

  3. En el supuesto de las asociaciones, que estas no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

  4. Asimismo, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiaria las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

  b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

  c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

  d) Estar incursa la persona física, las administradoras o administradores de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos del régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

  e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social de conformidad con lo indicado en la Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de las relativas al reintegro de subvenciones, en el marco de las ayudas y subvenciones que se otorguen con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi.

  f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

  g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones de conformidad con lo indicado en la Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de las relativas al reintegro de subvenciones, en el marco de las ayudas y subvenciones que se otorguen con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi.

  h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan. En concreto, no podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones o de entidad colaboradora las personas físicas y jurídicas que hubiesen sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

  i) Hallarse la persona física o jurídica, pública o privada, sancionada por infracción grave o muy grave prevista en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, o en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, mediante resolución firme en vía administrativa, hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la sanción.

  j) No haber cumplido la cuota establecida legalmente de reserva de puestos de trabajo en favor de personas con discapacidad, sin haber acreditado la puesta en marcha de medidas alternativas para su cumplimiento.

  k) Ha de tenerse presente que dado, el carácter de normativa básica asignada a las circunstancias impedientes recogidas en el artículo 82 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI , no se concederán, proporcionarán u otorgarán subvenciones , recursos ni fondos públicos de ningún tipo, ni directa ni indirectamente a ninguna persona física o jurídica, pública, privada o de financiación mixta que cometa, incite o promocione LGTBIfobia, incluyendo la promoción o realización de terapias de conversión.

  Asimismo, no podrán acceder a la condición de persona beneficiarias las agrupaciones previstas en el artículo 11.4 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas entidades y empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras entidades y empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

  La justificación por parte de las personas solicitantes de no estar incursas en ninguna prohibición indicadas con anterioridad se realizará a través de declaración responsable, a excepción de la recogida en el apartado e), la cual se acreditará en los términos indicados en la base 8.

  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley.

  5. Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando los solicitantes sean sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la citada ley, de conformidad con lo indicado en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Del proyecto piloto:

  Información detallada

  1. Que las actividades subvencionables se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  2. En el supuesto que en el proyecto piloto haya inversiones, que estas cumplan las normas en materia de medio ambiente e higiénico sanitaria de conformidad con la normativa específica aplicable en el País Vasco (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental).

  3. Tener viabilidad económica y que el proyecto desarrolle acciones que supongan una mejora de eficiencia energética y medioambiental.

• Del proyecto demostrativo:

  Información detallada

  1. Que las actividades subvencionables se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  2. En el supuesto que en el proyecto demostrativo haya inversiones, que estas cumplan las normas en materia de medio ambiente e higiénico sanitaria de conformidad con la normativa específica aplicable en el País Vasco (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi).

  3. Haber realizado previamente un proyecto piloto cuyo resultado haya permitido demostrar la viabilidad técnica de la solución propuesta en condiciones experimentales o simuladas.

  4. Tener desarrollado un Plan de Negocio de la actividad que incluya análisis de mercado, descripción del modelo de negocio, plan financiero y la estrategia de desarrollo de este a corto y medio plazo.

Oficinas de Asistencia en Materia de Registro

Son las oficinas del Gobierno Vasco para informar, para tramitar con ayuda y para registrar documentación (artículos 101 y 102 del Decreto 91/2023, de 20 de junio, de atención integral y multicanal a la ciudadanía y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos).

Otros lugares de presentación

En cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.